COMUNICADO OFICIAL DEL CONSEJO VENEZOLANO DE LA ENERGÍA 31MAR2025

COMUNICADO OFICIAL

Nosotros, los abajo firmantes, constituidos en Asamblea Promotora del “Consejo Venezolano de la Energía”, en uso de nuestros deberes y derechos humanos, constitucionales y legales como ciudadanos venezolanos, los cuales nos obligan a defender responsablemente los intereses de la República Bolivariana de Venezuela ante cualquier acción interna o extranjera que ponga en riesgo la seguridad de nuestra nación y de nuestro gentilicio, hacemos el siguiente pronunciamiento:

CONSIDERANDO

Que el Consejo Venezolano de la Energía es un órgano de carácter civil, cuyo objeto principal es promover la información, educación y concientización sobre el uso responsable de las energías, sean estas tradicionales, renovables o alternativas. Que el Consejo Venezolano de la Energía es un organismo de asesoramiento y consulta que fomenta la integración de los sectores relacionados con la energía, reconociendo que la misma impacta transversalmente todas las actividades productivas del país.

CONSIDERANDO

Que la industria petrolera y gasífera es un pilar fundamental de la economía nacional y juega un rol crucial en el desarrollo sostenible de la soberanía energética tanto del país como a nivel mundial. Y es que en el modelo de desarrollo del sector petrolero y del gas en Venezuela, interactúan tanto en la ejecución operativa y administrativa de las diferentes fases de la “Cadena de Valor”, una multiplicidad de actores de los sectores público y privado, nacional e internacional.

CONSIDERANDO

Que el acoso sistemático que el actual gobierno de los Estados Unidos de América, imprimiendo “máxima presión” a través de una sostenida y perversa política que desde hace varios años ha venido implementando contra Venezuela, que incluye sanciones y medidas coercitivas unilaterales que constituyen una flagrante violación del derecho internacional y de las normas de convivencia pacífica entre las naciones; ha tenido un impacto devastador en la capacidad de producción y exportación de nuestra principal industria, afectando directamente a la población venezolana y retrasando su progreso económico y social.

CONSIDERANDO

Que la decisión del Presidente de Estados Unidos de América de retirar de la licencia OFAC a la empresa Chevron para operar en el país a partir del 27 de mayo de 2025, así como similares anuncios para otras empresas extranjeras, como la española Repsol, la estadounidense Global Oil Terminals, la italiana ENI, la francesa Maurel & Prom y la india Reliance Industries, que participan en el negocio de hidrocarburos en Venezuela, atenta contra principios económicos fundamentales como el de la legalidad, de la libre empresa, de leal competencia, entre otros.

CONSIDERANDO

Que el anuncio del Presidente de Estados Unidos de América, de imponer aranceles de hasta el veinticinco por ciento (25%) a los productos que ingresen a su territorio provenientes de países que comercialicen con el petróleo, gas y sus derivados venezolanos, con entrada en vigencia a partir del 2 de abril de 2025, constituye una amenaza real contra nuestra propia soberanía y la seguridad económica y social como nación. Que esta decisión afecta gravemente la legítima comercialización de los recursos hidrocarburos, actividad que genera el mayor ingreso en divisas extranjeras a nuestro país, que permite a su vez mantener la estabilidad económica y luchar contra la inflación y la devaluación del Bolívar, cuyo debilitamiento impacta negativamente los intereses de todos los venezolanos por igual.

CONSIDERANDO

Que en sus recientes acciones en Guyana, el gobierno norteamericano no solo ha hecho alarde de fuerza y en una actitud de amedrentamiento sus voceros han amenazado a nuestro país, en un claro ejercicio de intromisión y violación del principio de soberanía y autodeterminación de los pueblos, sino también mediante la incursión de naves de guerra de ese país en esos espacios marítimos, pretendiendo causar un desequilibrio malsano en la relación bilateral entre Venezuela y Guyana en relación con la reclamación histórica y legítima que mantenemos sobre el territorio de la Guayana Esequiba y su proyección en el Océano Atlántico, que Venezuela ha venido defendiendo por medios pacíficos, diplomáticos y legales, como el “Acuerdo de Ginebra” de 1966, y la “Declaración Conjunta de Argyle por el Diálogo y la Paz entre Guyana y Venezuela” de 2023, y nuestra propia legislación interna.

ACUERDA

PRIMERO: Rechazar de manera enérgica y vehemente todas las estrategias, amenazas, comunicados y decretos dictados por el actual gobierno de los Estados Unidos de América en contra de los derechos e intereses comerciales de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto dichas acciones socavan nuestros más fundamentales derechos como país libre y soberano, violentando el principio de autodeterminación de los pueblos consagrado en la “Carta de las Naciones Unidas”, al tiempo que van en contra de los más elementales principios de la diplomacia y del Derecho Internacional. Estas acciones van dirigidas específicamente a promover y fomentar nuestra desestabilización económica, ya que impactan negativa y transversalmente nuestro aparato productivo nacional.

SEGUNDO: Solicitamos el levantamiento de todas las sanciones y medidas coercitivas que afectan al sector petrolero y gasífero venezolano, y a la economía en general en detrimento de nuestro pueblo, que es en definitiva el más afectado. En tal sentido, exhortamos al gobierno norteamericano a buscar mecanismos de mejor entendimiento, a través de canales regulares para dirimir las diferencias que como naciones soberanas podamos tener, preservando siempre el respeto a nuestros derechos como pueblos hermanos, libres, con infinidad de vínculos en común y con una larga tradición de relaciones diplomáticas, sociales, económicas y comerciales.

TERCERO: Hacemos un llamado a la comunidad internacional, especialmente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), a la “Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos” (ALBA-TCP), a la Organización Mundial del Comercio (OMC); a la “Organización de Países Exportadores de Petróleo” (OPEP), a la “Organización Latinoamericana de Energía” (OLADE), a la Alianza “Petrocaribe”, entre otros, para que rechacen y se opongan a estas medidas arbitrarias e ilegales y se sumen a la defensa del derecho soberano de Venezuela a desarrollar su industria energética sin injerencias externas.

CUARTO: Como venezolanos rechazamos enérgicamente la intervención de Estados Unidos de América a favor de Guyana en la disputa territorial por el Esequibo. La soberanía y la integridad territorial de Venezuela son cuestiones fundamentales para nuestra nación, y cualquier injerencia externa en este asunto debe ser vista como una violación al principio de la autodeterminación de los pueblos. El Esequibo es parte integral de la herencia geográfica y cultural de Venezuela, y su futuro debe ser decidido exclusivamente por las partes involucradas, sin presiones ni influencias externas, y tal al efecto nos apegamos al Acuerdo de Ginebra de 1966. Exigimos el respeto a nuestra soberanía y el derecho a resolver nuestras controversias limítrofes sin la intervención de potencias extranjeras.

QUINTO: Pedimos la ejecución de acciones tendentes al cese de las operaciones petroleras y gasíferas mediante concesiones otorgadas por Guyana en espacios marítimos sobre los cuales no se ha efectuado ni la debida delimitación de áreas marinas y submarinas (la Plataforma Continental y la Zona Económica Exclusiva), que constituyen la proyección marítima de la “Zona en Reclamación”, ni de los yacimientos de hidrocarburos existentes, en violación de las normas establecidas en la “Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar” de 1982 (CONVEMAR), y del Acuerdo de Ginebra de 1966. A esto debemos agregar que el citado territorio en la actualidad se encuentra en un litigio en la Corte Internacional de Justicia, que a pesar de que fue intentado de manera unilateral por Guyana y sin el consentimiento formal del Estado Venezolano, que no reconoce la jurisdicción de esa instancia judicial internacional, al menos debe mantenerse el status quo en la zona hasta una eventual decisión.

SEXTO: Desde esta organización civil, respetuosa de nuestras leyes y apegadas a nuestra visión y misión, instamos a las instituciones correspondientes de la República Bolivariana de Venezuela, a continuar avanzando en la búsqueda de mecanismos novedosos y acordes a los nuevos tiempos, que promuevan y permitan cada vez más la participación del sector privado nacional e internacional en el desarrollo de las potencialidades energéticas del país, que apoye el fortalecimiento del sector petrolero y gasífero, siempre bajo condiciones legales nacionales.

Así mismo, con todo respeto aconsejamos la revisión del modelo de desarrollo de nuestras reservas de petróleo y gas, la primera y octava a nivel mundial respectivamente, a los fines de monetizarlas, lo cual permitirá construir un modelo autóctono y autónomo de apalancamiento financiero para el sector de la energía, promoviendo también la educación, la investigación científica y académica, incorporando la tecnología, que nos guíen en la búsqueda de un mejor nivel de vida para los venezolanos.

SÉPTIMO: Reafirmamos nuestro compromiso con la paz, la cooperación y el respeto mutuo entre las naciones. Venezuela es un país libre e independiente y con un pueblo dispuesto a defender la soberanía y sus recursos naturales contra cualquier agresión interna o externa.

En Caracas, a los treintiún días del mes de marzo de 2025.

Por la Asamblea Promotora del “Consejo Venezolano de la Energía”: Firmas en depósito.